La herencia de Paniagua

El lunes partió, pero dejó un ejemplo por seguir. Compartimos con ustedes este texto inédito de Paniagua, que ha servido de base para la Mesa de Partidos Políticos del Acuerdo Nacional.

Valentín Paniagua Corazao

Acción Popular ha planteado la necesidad de garantizar al Perú, a partir del 2006, un gobierno. Esa tesis está vinculada a otra. La crisis global que el Perú sufre (crisis de la política, del Estado, del régimen de representación y de los partidos, de la democracia, de legitimidad y representación institucional, social y política y, finalmente, crisis de identidad asociada a una profunda crisis social y económica que se traduce en la exclusión social derivada fundamentalmente de la falta de empleo) solo puede resolverse con un enorme y constante esfuerzo de concertación que se traduzca en consensos que se inspiren en una visión compartida de futuro y que se expresen en acuerdos nacionales globales o parciales que inspiren la acción del Estado, la dinámica de las instituciones de la sociedad y señalen el derrotero de un quehacer histórico para el Perú.

El empeño, pues, por la concertación y la búsqueda de consensos está más allá de cualquier apetito de carácter puramente electoral y busca resolver algunos problemas de fondo que es preciso identificar.

UNA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO:
UN QUEHACER HISTÓRICO

En primer término, el Perú requiere definir una suerte de quehacer histórico, es decir, una visión compartida de futuro, cuando menos, por la gran mayoría de los peruanos o, por la gran mayoría de los representantes de sus instituciones. Esa visión debe recoger, de algún modo, la inspiración ética y expresar los valores fundamentales de la cultura ancestral del Perú y expresar la identidad nacional. Parte de ese esfuerzo se ha materializado ya en el Acuerdo Nacional que es preciso enriquecer y darle contenido universal.

REIVINDICAR EL VALOR DE LA POLÍTICA

En segundo lugar, es preciso reivindicar el valor de la política como preocupación universal y general por el destino colectivo más allá y por encima de los intereses sectoriales y singulares. Esa exigencia, derivada del carácter republicano de la organización del Estado, debe servir, asimismo, como inspiración para la construcción de un régimen democrático fundado en el diálogo y la concertación. Y es que el Perú es una realidad, plural, compleja y heterogénea en todos los aspectos de su realidad, por lo que la coexistencia general exige la búsqueda de la unidad en la diversidad e, inevitablemente, el diálogo y la concertación.
Reivindicar el valor del diálogo, como dinámica social y política, en oposición a la “acción directa” y a la confrontación es una necesidad impuesta por necesidades de sobrevivencia y racionalidad elementales. Pero es también un requerimiento para la construcción de un genuino sistema de partidos y para asegurar la gobernabilidad del sistema democrático dentro del régimen presidencial por el que el Perú ha optado, cuando menos, hasta ahora.

POLÍTICA PARTIDARIA: LUCHA POR LOS INTERESES DEL PERÚ Y FORO DE PARTIDOS

El Perú ha vivido en perpetua confrontación (intolerancia religiosa, militarismo, caudillismo, autoritarismo, racismo, terrorismo, discriminación, etc., etc.). Ese clima se ha traducido en diversas formas de violencia (política, económica, social, cultural, estructural, etc., etc.) y acción directa como ya se ha dicho. La política no ha sido una excepción. Ha sido siempre una competencia de enemigos más que un empeño de adversarios unidos, por el propósito común de servir los intereses del Perú, aunque discrepando en la forma de hacerlo, es decir, solo en los medios. Y ello lejos de favorecer la afirmación y consolidación de los partidos o de la unidad nacional favorece la disolución y división del Perú.

Nadie podrá modificar ese clima ni cambiar esa realidad excepto los propios actores políticos. Acción Popular, por ello, recoge valiosas experiencias de otros países, y propone la creación de un foro de partidos. Este foro (que no sustituiría ni competiría con el Acuerdo Nacional) sería, para comenzar, un punto de encuentro y un ámbito abierto al diálogo de los partidos no solo con propósitos deontológicos para elevar el nivel de la política, establecer reglas mínimas de conducta y ética de los partidos y de sus militantes, sino para concertar esfuerzos a fin de mejorar y elevar la calidad de la democracia y facilitar la concertación parlamentaria o política, hacer docencia cívica, mejorar los niveles de gestión y fiscalización política, y, en general, y, sobre todo, para asegurar una mayor y mejor participación popular en el quehacer público.

PRESIDENCIALISMO MULTIPARTIDARIO:
NECESIDAD DE COALICIONES PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

El régimen político peruano (un presidencialismo con un multipartidarismo extremo –más de cinco partidos en lista–) solo puede tener estabilidad si el presidente logra un sólido y disciplinado respaldo parlamentario. Así lo demuestra la experiencia latinoamericana y peruana de los últimos 50 años. Y eso obliga a buscar alianzas electorales para la formación de coaliciones de gobierno, antes o después de las elecciones. La oportunidad, sin embargo, no es un tema discrecional u opinable. Depende de la oportunidad de la elección y del sistema electoral establecido para la integración del Congreso. En el caso del Perú, esas coaliciones solo podrán formarse si hay alianzas sólidas, desde la primera vuelta, dado el sistema electoral vigente. Las razones electorales que aconsejan esa medida se expresan a continuación. Más adelante, se verán las razones políticas que son más importantes y relevantes aun.

La elección del Congreso se hace, ahora, por distritos plurinominales de tamaño pequeño o medio (2 a no más de 10 representantes) mediante el sistema proporcional. La dispersión que este sistema produce, favorece, ahora, a los grupos mayoritarios en cada circunscripción. Solo interesa el resultado de cada circunscripción y no hay aporte de votos para una eventual lista nacional. En consecuencia, no puede especularse (como cabía en el pasado) con la posibilidad de sumar votos, por separado, para lograr representación, merced al distrito nacional. Cada distrito aportará su cuota parlamentaria pero no votos, salvo para eventuales elegibles por distrito nacional que podrían ser los senadores.

La multiplicación y la reducción del tamaño de los distritos electorales, como es sabido, tienen un efecto reductor del número de partidos en el sistema proporcional y favorecen a las tendencias dominantes en cada distrito. Por consiguiente, la alianza, aun en primera vuelta, favorece a la lista hegemónica o a su contendora y excluye a la otra u otras. Cuanto más reducido es el número de elegibles, tanto más ventajoso para las tendencias hegemónicas.

UNA PLATAFORMA DE GOBIERNO QUE ASEGURE:
(I) UNA TRANSICIÓN ORDENADA Y EFICAZ Y (II) LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO EN EL MEDIANO PLAZO

Un gobierno no es solo un presidente y un Congreso con representación parlamentaria mayoritaria (de partido, apartidaria o por coalición que respalde al Ejecutivo). Es, sobre todo, como hemos sostenido, un conjunto de planteamientos capaces de asegurar la gobernabilidad y que fije políticas, estrategias, objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo. Eso implica, dentro de un racional planeamiento estratégico, (i) el diseño y la concertación de la acción política no solo del Ejecutivo y del Congreso sino el de todas las instituciones del Estado así como la previsión de cauces de concertación con las instituciones de la sociedad civil y, desde luego, con la ciudadanía en general; (ii) la concepción de unas ideas-fuerza para desencadenar una dinámica social de cambio; (iii) la definición de unos principios éticos, políticos capaces de inspirar una mística colectiva y (iv) un programa de gobierno específico que contemple, dentro de las previsiones del Acuerdo Nacional, las acciones necesarias para garantizar la eficacia de la acción del Estado, en todas sus instituciones, para garantizar y permitir que cumplan sus actividades con eficiencia los actores y agentes económicos y sociales y las instituciones de la sociedad civil.

Hay ya en el Perú un Acuerdo Nacional que fija las políticas de largo plazo y plan que puede perfeccionarse y modernizarse. Hay además dos acuerdos de corto y mediano plazo concertados en relación a la educación y a la inversión y generación de empleo.
Se requiere diseñar el programa de gobierno de mediano plazo, que cubra los cinco años del mandato constitucional y que, con toda seriedad, proponga e intente ejecutarse durante la vigencia del mandato. Tal programa debe ser la base del compromiso nacional de quien intente encabezar el movimiento o alianza. Ese programa debe enfatizar más que realizaciones concretas no materiales, objetivos específicos y metas viables. Acción Popular debe aprobar ya su Plan de Gobierno que debe servir a ese fin.

PLAN DE SALIDA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEMOCRÁTICA

Problema fundamental en el Perú ha sido asegurar la continuidad en la gestión de los gobiernos e impedir que se pierdan esfuerzos, iniciativas e inversiones, en marcha, en obsequio de nuevas iniciativas que, con frecuencia, reproducen los programas en ejecución. No deben menospreciarse ni perderse los esfuerzos iniciados o realizados ni desaprovechar las inversiones efectuadas ni interrumpir los proyectos iniciados. Es preciso, en consecuencia, un plan de transición que contemple dos aspectos: uno relacionado con la continuidad y otro que propone al gobierno un plan para asegurar una salida airosa del Gobierno. AP ha resumido ese plan en cinco puntos: (i) relanzamiento de la iniciativa nacional anticorrupción; (ii) relanzamiento de la reestructuración educativa y de la atención de la salud para el mejoramiento de la calidad educativa; (iii) promoción de la inversión nacional y extranjera para la generación de empleo digno; (iv) reforma de la estructura del Estado (reforma del Poder Judicial, descentralización y administración pública); y (v) seguridad (jurídica, política, económica, ciudadana, interior y exterior).

CONCLUSIÓN

Se trata, pues, de emprender un serio esfuerzo de reforma de la política, de la democracia, del Estado, del régimen representativo y de la participación popular. Esa proeza exige, entre otras cosas, un cambio radical en el estilo de la política y en la conducta de los actores políticos y, dentro de estos, de modo especial de los partidos. Corresponde, pues, a estos inspirar y desencadenar el proceso de cambio. Tal responsabilidad deriva precisamente de su cuádruple responsabilidad que es:

  1. Representación del pueblo en el ejercicio del poder.
  2. Intermediar entre el pueblo y el poder.
  3. Formar y orientar la opinión pública.
  4. Organizar al pueblo para garantizar una dinámica social puesta al servicio del interés general.

Como consecuencia de todas estas acciones se espera:

  1. Elevar y transformar cualitativamente la política.
  2. Hacer de la democracia un instrumento eficaz de creación de ciudadanías reales.
  3. Garantizar la eficacia del Estado en el cumplimiento de sus funciones.
  4. Relegitimar, reconciliar y por fin, institucionalizar la representación popular a través de partidos políticos seria y formalmente organizados.
  5. Garantizar una real participación popular en el diseño, gestión o fiscalización del quehacer público, en lo posible a partir de un proyecto sugestivo de vida en común diseñado desde una visión compartida de futuro.

Acción Popular ha cumplido ya con promover el clima para ese diálogo que, ahora, todos reclaman. Es preciso darle jerarquía y seriedad.

Fuente: El Comercio
Fecha: Domingo 22 de octubre de 2006