Desarrollo Rural Año 2006

Coordinador: Rvdo. Padre Gastón Garatea Yori (Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza). Posteriormente, por motivos de salud, fue reemplazado por Alberto Gonzales.

A principios de año, el grupo continuó trabajando en la elaboración del informe que presentaría al Foro del Acuerdo Nacional. Para ello, elaboró sus ideas en cuanto a las necesidades del habitante rural y a las tareas que hagan posible su satisfacción. Hasta el momento, han quedado formuladas de la siguiente manera:

  1. Familias rurales identificadas con sus orígenes históricos, sociales y culturales en los cuales se reconocen, que cuentan con servicios básicos plenos y de calidad en educación, nutrición, salud, infraestructura, justicia y medios de comunicación, y acceso a oportunidades de empleo digno, que participan en la gestión de su desarrollo, aprovechando eficientemente sus potencialidades y contribuyendo de esta manera a sustentar su bienestar integral y el manejo responsable y sostenido del medio ambiente para la realización de cada individuo como persona humana.
  2. Mejoramiento permanente de la calidad e incremento del acceso a los servicios públicos de educación, salud, nutrición, justicia e infraestructura, adecuados a la cultura local. Promoción del desarrollo integral con énfasis en el desarrollo económico rural, poniendo especial atención en el manejo sostenible de los recursos naturales y en la participación de los beneficiarios, la sociedad civil y, fundamentalmente, los actores locales. Los programas de desarrollo incluirán a toda la población con inversiones y actividades adaptadas al nivel de educación y al número de habitantes de cada localidad.

Posteriormente, el grupo tuvo una sesión conjunta con el Grupo Permanente sobre Descentralización en relación al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). También abordó el tema de la minería con responsabilidad social y ambiental, con la exposición de los señores Augusto Baertl, Javier Torres y José Luis López, del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible.

En las siguientes reuniones, por encargo del Foro del Acuerdo Nacional, el grupo se abocó a analizar la situación de los recursos hídricos en el Perú, tema planteado por la Plataforma Agraria de Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano. Para ello se tomaron como insumos las siguientes exposiciones:

  1. Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú: Ciro Oblitas puso énfasis en que, de acuerdo a las proyecciones, el Perú será el país de América del Sur que dispondrá de la menor cantidad de agua per cápita en el 2050, debido a un manejo inadecuado: no se considera el agua como recurso económico, no existe una cultura que evite su desperdicio ni una política de Estado sobre los recursos hídricos (la Ley de Aguas data de 1969 y tenía la finalidad de fortalecer la reforma agraria).
  2. INRENA:  Eddie Rosazza, Intendente de Recursos Hídricos, presentó el documento de trabajo “Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales en el Perú”, elaborado por una Comisión Multisectorial conformada por representantes de los Ministerios de Agricultura, Defensa, Economía y Finanzas, Energía y Minas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Salud y Producción. Este documento, debatido ya en 13 talleres, plantea 6 estrategias: 1) Innovación institucional para la gestión multisectorial de los recursos hídricos; 2) Gestión integrada de los recursos hídricos; 3) Protección de la calidad de los recursos hídricos; 4) Prevención de riesgos y mitigación de impactos de los eventos extremos; 5) Desarrollo de capacidades y cultura del agua; 6) Sistema de información de recursos hídricos.
  3. Sub Comisión de Aguas del Congreso de la República:

1) Mario Ríos y Luis Saldi, asesores del Congresista Roger Nájar, presidente de la Sub Comisión, presentaron el proyecto de Ley de Aguas y señalaron lo siguiente:

  1. La Comisión Nacional de Aguas presentó en diciembre de 2004 el Proyecto de Ley de Aguas (difundido en 11 audiencias descentralizadas). El proyecto no llegó a ser aprobado por el Congreso de la República.
  2. En la actual legislatura, la Comisión Agraria aprobó la conformación del Grupo de Trabajo de la Ley General del Agua, que acordó concordar el Proyecto de Ley de la Comisión Nacional de Aguas con la Ley General del Ambiente y la Ley de Descentralización e incorporar la visión amazónica.
  3. Principios y políticas del Proyecto de Ley: (a) el agua es un recurso vital, vulnerable que requiere una gestión integrada por cuencas hidrográficas; (b) el agua tiene valor social, económico y ambiental, es un recurso estratégico para el desarrollo; (c) tiene prioridad el acceso al agua para necesidades primarias; (d) procurar la gestión planificada del agua y la sostenibilidad hídrica; (e) promover la inversión privada; (f) fomentar la cultura del agua.
  4. Sobre la protección del agua, el proyecto plantea: (a) promover, conservar, proteger y recuperar el agua en todos sus estados y etapas del ciclo hidrológico; (b) asignar el agua según objetivos sociales, ambientales y económicos; (c) promover la inversión y participación privada en el aprovechamiento sostenible; (d) incorporar el principio de sostenibilidad y criterio de precaución.

2)  Róger Nájar, Presidente de la Sub Comisión de Aguas del Congreso de la República,  precisó que la Sub Comisión se viene reuniendo con varias instituciones para la elaboración de una Ley General del Agua. Como ejemplo, señaló que el tema de aguas amazónicas será estudiado con los Presidentes de los Gobiernos Regionales y con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), y que invitará a una reunión  a CONFIEP, CONVEAGRO y a la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú para discutir el Proyecto de Ley. Asimismo, manifestó que esperan tener listo el Predictamen de la Ley General del Agua para marzo de 2007.

El grupo acordó que para fines prácticos usará como documento base para el debate el Proyecto de Ley 386/2006-CR. Del mismo modo, destacó la importancia de que el Predictamen de la Ley General del Agua que será debatido por el Congreso de la República cuente con la aprobación de una amplia mayoría, para lo cual propone que el Acuerdo Nacional colabore en la organización de consultas públicas y descentralizadas.