Entrevista. Jaime Cáceres Sayán

“Ni la CGTP ni nadie debe colocar obstáculos en algo que conviene a todos”.El presidente de la Confiep cree que el Pacto Social no debe ver el salario mínimo, sino concebir la manera de formalizar a los cinco millones de trabajadores que no tienen derechos laborales

¿La Confiep tiene cierta expectativa frente al Pacto Social o no le encuentra mucho sentido?

Nosotros lo vemos como algo positivo, en la medida en que se plantee una agenda y exista una firme voluntad de cumplir los acuerdos de los participantes. El Pacto Social comenzó con un error porque se refirió fundamentalmente a la posibilidad de elevar el sueldo mínimo, lo que generó mucha expectativa, cuando este tema se está discutiendo en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), el foro que corresponde. Según el Gobierno, el objetivo del Pacto Social es unificar criterios para alcanzar las metas planteadas por el presidente Alan García para el 2011.

¿Por cierto, son metas realistas? El presidente dice que sí.

Es el único presidente que ha dado cifras en un discurso. Apuntan a una reducción importante de la pobreza, a más trabajo, más salud y mejor educación. Las metas siempre deben ser ambiciosas. Será difícil cumplirlas pero hay que intentarlo, todos debemos empujar en ese sentido. Para lograrlas y seguir creciendo, se requiere inversión y paz social. Ni la CGTP ni nadie deben poner obstáculos en algo que conviene a todos. Es evidente que hay una confusión en la concepción del Pacto Social. Este ya existe de alguna forma en el Acuerdo Nacional (AN) y también en el CNT. Ahí Gobierno, empresarios y trabajadores discuten las modificaciones laborales.

El Gobierno sostiene que el Pacto Social es vinculante y que el CNT, no.

No necesita serlo. Si las tres partes acuerdan algo, es autovinculante. Luego de un acuerdo solo queda plasmar este a través de una disposición legal que es más vinculante que cualquier cosa. Existiendo el CNT y el AN no es necesario un espacio más, por eso a todos nos llamó la atención el lanzamiento del Pacto Social como si fuera un foro separado, no tendría sentido crear un tercero. Felizmente, luego se corrigió y se ha incluido dentro del AN. Es un comité de trabajo dentro del AN, no tiene ningún sentido tener un director ejecutivo, pero ya que se le ha encargado el tema veamos que se logren objetivos. Repito, hay mucha confusión. Se requiere una agenda mínima, procedimientos y un plan de cómo implementarlos.

Ya se anunció una agenda: capacitación de los trabajadores, innovación tecnológica, salario y condiciones de trabajo adecuados, paz social. Esa debería ser una agenda específica de temas laborales. A la agenda habría que agregarle que la única forma de obtener ello es a través de la inversión privada que genera puestos de trabajo formales con beneficios sociales.

¿Sacaría el sueldo mínimo del Pacto Social?

Es un tema técnico que no debemos politizar. Los mismos sindicatos están de acuerdo en que es difícil tocar ese tema sin hacer un estudio de las diferencias de los costos de vida de las regiones y del tamaño de las empresas y también cuánto puede ayudar su incremento a reducir la informalidad.

El Gobierno afirma que el CNT le da el insumo sobre el sueldo mínimo al Pacto Social.

¿Para qué dárselo a otro foro? ¿Para que decida quién? En el CNT estamos todos

La ministra de Trabajo, Susana Pinilla, dice que no están la pequeña y mediana empresa.

Claro que participan, quizá no están todas, pero hay una utopía. ¿Acaso porque en el CNT o en el Pacto Social se llega a acuerdos, los informales los van a cumplir? El tema del sueldo mínimo y otros acuerdos son para las empresas formales. En la medida en que las normas laborales sean más rígidas se generará más informalidad, es obvio. En la Confiep queremos que los trabajadores ganen más y que tengan beneficios sociales, hasta por conveniencia. Si se consume más, se vende más. ¿Cómo hacer para que los informales se comprometan a lo vinculante?

¿El Pacto Social busca ser un pararrayos de las protestas sociales?

Definitivamente, sin paz social no funcionamos bien. Ahí estarán los representantes de los trabajadores y deberían estar los gobiernos regionales también. La inversión privada no necesita nada en sí, solo un entorno de paz social y estabilidad. Ahora, si los gobiernos regionales no entienden que no habrá inversión con protestas y la CGTP sigue diciendo no al TLC, no a la eliminación de exoneraciones en la selva, estamos perdiendo el tiempo. ¿No?

¿La presencia de la CGTP es indispensable en el Pacto Social?

Debería participar, espero que lo haga. Yo he llamado a Mario Huamán para insistir en la conveniencia de que acudan pero no me ha devuelto la llamada. De hecho, están en el AN; o sea que en automático integran el Pacto Social. Por eso es incomprensible que se abstengan, cuando el Pacto Social no es una instancia separada del AN.

La CGTP quiere condicionar su participación en el Pacto Social a la derogación del decreto que impide hacer huelga a los funcionarios públicos y al cese de los atropellos laborales.

A mí me parece mal que se retiraran del Pacto Social porque en una democracia uno debe estar dispuesto a acudir a cuanta instancia de diálogo se presente. La Confiep está de acuerdo en que se respeten los derechos de los trabajadores. Ahora, los funcionarios públicos no pueden hacer huelga. En el Congreso se ha anunciado que se haría alguna modificación al decreto. Considero que el Gobierno no debe dar marcha atrás.

¿No hay abuso laboral?

Porque exista en algunas empresas no se debe generalizar. Casi puedo asegurar que este no se da en las empresas afiliadas a la Confiep. Donde no se respetan los derechos laborales ni beneficios sociales es en el sector informal.

¿Y en los ‘services’?

Tampoco se puede generalizar porque hay empresas que cumplen con todos los derechos laborales y son muy respetables. Su participación en las empresas se ha reducido al 10%. El temor es que, a más disposiciones que impidan la flexibilidad en la contratación laboral, se perjudica al empleo, no a las empresas. Estas deben contratar en el porcentaje que requieran, sin llegar a la exageración, por supuesto; para eso están el Ministerio de Trabajo y las disposiciones legales.

¿La Confiep no está de acuerdo en poner porcentajes tope?

Estaba en 20%, no veo ningún sentido en bajarlo a 10%. Puede responder a uno de los pedidos de los congresistas estadounidenses para el tema del TLC.

¿Los empresarios tienen temor a la sindicalización?

Las empresas formales no tienen ningún recelo con la sindicalización, ni se oponen a ello. Siempre hay conflictos pero en general las relaciones laborales son buenas.

¿Elevar el salario mínimo no es una manera de redistribuir el ingreso?

En la medida que un país crece hay más inversión y empresas, el mercado solito regula las remuneraciones. A más empresas, más demanda de trabajadores, sobre todo calificados, e incluso habrá pelea entre empresas por contratarlos.

Pero el sueldo mínimo es el más bajo de la región y el Perú es uno de los países que más crecimiento tiene dentro de esta.

Ese sueldo mínimo fundamentalmente está vinculado a las empresas informales que probablemente ni siquiera lo cumplen, no a las medianas y grandes. La mayoría de estas paga por encima del mínimo.

Estamos ante una fragmentación empresarial y salarial enorme

Así es, por supuesto. Por eso insistimos en que el sueldo mínimo se irá regulando solo. El verdadero problema es que el 80% de los trabajadores no tiene nada de nada, ningún beneficio y menos el sueldo mínimo. La Confiep pide hace tiempo una modificación a la ley para generar un acceso progresivo a los beneficios laborales y así tengamos más formalización. La gente quiere beneficios sociales más que sueldo mínimo. Pero ni siquiera se consideró en el proyecto de ley de trabajo que felizmente no ha sido aprobado.

¿Quiénes cuestionan esa propuesta?

El Ejecutivo anterior y en menor medida el actual, el Congreso y los trabajadores. Por eso nuestra posición sobre el proyecto de ley general del trabajo es: borrón y cuenta nueva. Tiene más de 400 artículos y se ha discutido durante cinco años; en ese lapso el Perú ha cambiado, por eso debería revisarse. La idea es no quitarle beneficios laborales a quienes ya los tienen, esa es la discusión con los sindicatos. Para quienes no tienen nada, si se les da media gratificación al año o una semana de vacaciones, es una diferencia y, además, sería algo progresivo. Así se ayuda a la formalización. Dicho sea de paso, no debería llamarse ley general, porque es solo para los que están en planilla.

La ministra Pinilla ha dicho que “salga lo consensuado en el proyecto de ley general del trabajo y que sea una ley simplificada” por aquello de los 400 artículos.

¿Y lo no consensuado?

Se sigue discutiendo en el CNT o en otras instancias

No, pues, sería una ley incompleta. Además, lo consensuado tiene cinco años. Por eso decimos borrón y cuenta nueva, revisar ese proyecto y adecuarlo al período actual. Que sea una ley promotora del empleo y garantice los derechos laborales. Las empresas formales no violan estos últimos y si lo hacen, para eso está el Ministerio de Trabajo. ¿Pero cómo controlas a los informales? La Confiep no respalda a las empresas que no respetan los derechos laborales. El TLC va a ayudar mucho porque ninguna empresa que sea informal o que viole los derechos de los trabajadores puede exportar; tampoco una formal que exporta puede comprarle a una informal. Tendrá un efecto multiplicador.

En desacuerdo con pactos regionales

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo, propuso en Arequipa la creación de pactos sociales regionales.

Como idea parece buena, pero creo que se perdería la cohesión de un plan nacional que debe estar a cargo del Gobierno Central. Puede tomarse como que este quiere desligarse de los temas regionales y hacer responsables a las propias regiones. Es muy difícil que esto se lleve a la práctica y podría estarse creando 24 centros de poder, cuando en realidad lo que habría que hacer es reinstaurar el Consejo Nacional de Descentralización, que era una forma de aglutinar los intereses regionales. Esperemos que el primer ministro dé más precisiones sobre su propuesta.

La ministra de Trabajo sostuvo que el Pacto Social sirve para saber “a qué se comprometen empresarios, trabajadores y el Estado para que el Perú siga creciendo y se redistribuya adecuadamente”. ¿Ese es el objetivo del Pacto Social?

Me parece un poco demagógico. Todo eso camina solo, el incremento de remuneraciones camina por demanda de empleo y esta se incrementa por nuevas inversiones y la creación de nuevas empresas, no por un pacto. Existe, además, la participación de los trabajadores del 5% de las utilidades, que es una manera de redistribuir. El mercado redistribuye en automático y donde no hay un mercado dinámico interviene el Estado con la recaudación espectacular que está teniendo. Redistribuye haciendo carreteras, saneamiento, infraestructura generadora de empleo y de mercado.

¿Con ello se logra la inclusión social?

Claro que sí, la presencia del Estado hace que haya más gente que tenga ingresos y adicionalmente brinda infraestructura y educación.

Las regiones que tienen dinero no saben gastarlo.

El Ministerio de Economía ha dicho que está contratando a economistas e ingenieros para ayudar a las regiones con dinero a que sus proyectos pasen por el famoso SNIP. La Confiep ofrece apoyo gerencial gratuito a las regiones que lo deseen.

¿La CGTP se ha ‘quedado’, en su opinión?

Ha evolucionado ligeramente pero aún sigue pensando en ideologías del pasado. Empresarios y trabajadores queremos lo mismo: más empleo formal y mejor pagado. En privado hay diálogos muy cordiales, sin embargo piensan preparar un paro general.

¿El TLC es un hecho?

Sí, soy totalmente optimista. No creo que haya condicionamientos en el tema laboral, porque en el Perú se respetan los derechos laborales. El TLC no trabajará con empresas que no lo hagan.

Fuente: El Comercio
Fecha: Lunes 13 de agosto de 2007

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