En el Acuerdo Nacional se ha logrado un pacto de mediano plazo por la inversión y el empleo digno. Es un compromiso que los partidos políticos y los ciudadanos deben tener como un obligado elemento de juicio para definir las propuestas de gobierno en la futura campaña electoral. Además, en la última etapa de la administración del presidente Toledo, ese pacto constituye un instrumento fruto del consenso que puede orientar las respuestas que el país requiere otorgar tanto a las demandas sociales y productivas como a los requerimientos de un proceso de desarrollo que debe articularse tomando en cuenta las realidades económicas y la compleja situación social peruana.
Este pacto ha sido el resultado del compromiso de muchos actores conducidos en buena medida con la capacidad de persuasión y de búsqueda de entendimientos fundamentales que ha demostrado Rafael Roncagliolo a lo largo de los primeros años de vida del Acuerdo Nacional .
Por su parte, Max Hernández, ahora al frente de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional , aporta, además de sapiencia política, sensibilidad social y equilibrio, su permanente vocación democrática y conciliadora.
L os peruanos, que usualmente vivimos dentro de un ambiente de mutuas desconfianzas, de prejuicios y, por tanto, de factores retardatorios para lograr un auténtico progreso económico, social y político, debemos reconocer que el Acuerdo Nacional no es una torre de marfil sino una realidad institucional que demuestra que resulta perfectamente posible lograr acuerdos sustantivos entre los diferentes actores sociales.
L amentablemente algunos muy pocos empresarios retrógrados, que se sitúan al margen de este ambiente de diálogo sereno, descalifican todos los mecanismos de concertación social establecidos en el país. No creen por tanto ni en el Acuerdo Nacional ni en el Consejo Nacional del Trabajo. Consideran más bien que éstos son foros en donde, como se procuran alcanzar equilibrios y balances, lo que prima es la politización y, más todavía, el otorgamiento de beneficios y concesiones sólo a determinados sectores del país.
No tengo duda que esa posición de aislamiento y de confrontación con los mecanismos concertadores es ajena a los tiempos que vivimos, cercana más bien a planteamientos que privilegian la decisión gubernamental arbitraria y autoritaria por encima de cualquier otra consideración.
El Estado, ese ogro filantrópico al que se refería Octavio Paz, ha evolucionado, ha dejado de ser, y esto es bueno recordarlo, el único factor con capacidad de decisión. Dentro de un Estado democrático de derecho el poder público debe escuchar a todas las partes y lograr consensos fundamentales para legitimar sus decisiones, para que éstas tengan el respaldo de la población y posean, además de una orientación ética y política, la capacidad de generar resultados que garanticen una mayor equidad y justicia para todos.
Tanto el Acuerdo Nacional como el Consejo Nacional del Trabajo son, en tal sentido, valiosas e indispensables herramientas del Estado democrático que estamos construyendo los peruanos que creemos en las libertades, en los derechos para todos, en la justicia social.
Fuente: La República – OPINIÓN
Fecha: Martes 01 de Febrero de 2005
