El proceso para la obtención de un efectivo consenso, que tiene como sustento institucional el Acuerdo Nacional, requiere, además, de un grado de compromiso permanente de todos los sectores sociales y políticos.
Necesita, por otro lado, de las modificaciones estructurales para lograr que la democracia recupere la confianza de la población y, por tanto, para que la gobernabilidad sea una tarea común y compartida, cuyos beneficios alcancen a las mayorías nacionales y no se concentren en grupos relativamente pequeños de la sociedad.
Uno de los temas principales que debe ser abordado en un proceso destinado a lograr elementos comunes que hagan posible una buena gestión gubernativa, con legitimidad social y política, pasa necesariamente por una adecuada vinculación entre el Estado y la sociedad.
Los riesgos del burocratismo siempre acompañan a toda gestión pública y, por tanto, constituyen una de las amenazas principales que aislan a la clase política y a la dirección de las diferentes instancias del gobierno de los grupos sociales y económicos.
Por ello el Acuerdo Nacional significó, en la práctica, un proceso destinado a lograr esa indispensable articulación entre el Estado y la sociedad para cerrar la brecha que históricamente ha existido entre los grupos dominantes y los sectores mayoritarios.
Para la democracia peruana, entre los grandes desafíos que debe asumirse en el futuro para consolidar los logros de la transición, uno de los principales consiste en lograr que el Estado adquiera mayor legitimidad. En virtud de ello la democracia tendrá también un papel más vigoroso, con mayor respaldo, dentro de la sociedad en su conjunto.
Pero no basta con tener una articulación que, de suyo, es indispensable. También la vigencia de la ley, la configuración de un Estado de Derecho que merezca el respeto de todos por la fortaleza de las instituciones y por el reconocimiento de los derechos individuales y sociales, forma parte de este gran desafío que deben asumir quienes tienen la tarea de la conducción política y del liderazgo social.
Es insuficiente un entendimiento nacional, un consenso fundamental en lo político, lo económico y lo social, que no esté adecuadamente reflejado en la legislación y en la administración concreta del derecho en los casos específicos.
Por tanto, un entendimiento de carácter nacional debe ser reforzado con una normativa jurídica para cuya formulación se escuchen las diferentes voces de todos los sectores, y se atienda, por encima de cualquier otra consideración, a los intereses mayoritarios y no, como ha ocurrido en determinados casos, únicamente a ciertos sectores y grupos específicos de interés.
El consenso nacional debe también tomar en consideración factores geopolíticos globales. En esta etapa de interdependencia y de nuevos desafíos a la democracia y la seguridad, se trata de construir un sistema institucional en el cual estén garantizados los derechos fundamentales de las personas y, además, los que corresponden a la seguridad tanto interna como externa.
Hasta ahora, ha existido, con relación al tema de la globalización, una visión economicista y, por tanto, privacista. Tal apreciación no resulta suficiente para contribuir con el diseño y ejecución de un proyecto nacional que haga posible que el país participe en términos convenientes en el proceso de mundialización.
Debe tenerse en consideración que el desarrollo es un proceso integral, que cubre los aspectos económicos pero también los factores de naturaleza social. No es, por tanto, un asunto que pueda dejarse librado de manera exclusiva al mercado, por consideraciones formuladas por grupos de presión. Se requiere que el Estado, para hacer posible la vigencia de los elementos del consenso, adquiera un papel promotor del desarrollo, con capacidad para cerrar las brechas derivadas de la inequidad y de la exclusión social y económica que, lamentablemente, acompaña al modelo neoliberal aplicado durante los últimos años. Modelo que no ha tenido los necesarios elementos de balance y de compensaciones para corregir sus principales deficiencias.
En este orden de ideas, la informalidad, que es una expresión de la crisis de legitimidad del Estado, no puede ser abordada como un fenómeno exclusivamente derivado de los complejos procesos administrativos o de la falta de vocación de sectores importantes de la sociedad peruana por cumplir con la ley.
El tema de la informalidad debe insertarse dentro de la demanda nacional por alcanzar entendimientos suficientes para garantizar la gobernabilidad democrática. No es, por tanto, un asunto meramente legal con proyecciones económicas. Tiene, además y fundamentalmente, connotaciones políticas y sociales que, en la medida en que no sean abordadas, profundizarán la crisis de legitimidad del Estado. Tal asunto fue anotado con anticipación por José Matos Mar, al diagnosticar la realidad nacional, a mediados de la década de los años 80.
Debe tenerse presente, por último, que en la construcción de un nuevo orden económico y social más justo, conducido políticamente en democracia, deben promoverse conductas de diálogo y de tolerancia, incluyentes y abiertas.
Fuente: Gestión
Fecha: Lunes 14 de noviembre de 2005
