Cuando tratamos de buscar fórmulas para combatir la pobreza y sus secuelas de desnutrición, analfabetismo y altas tasas de mortalidad, que afectan a más de la mitad de los peruanos, o para hacer accesibles servicios básicos como la energía eléctrica y el agua, del cual carece el 64% de nuestra población, tenemos que ser realistas y aceptar que las soluciones no pasan por mayores incrementos del gasto público que, como todos sabemos, se destina en su mayor parte al cumplimiento de las obligaciones de la deuda externa y los gastos corrientes, es decir, el pago de la burocracia pública, pensiones y mantenimiento de la infraestructura, entre otros.
A consecuencia de lo anterior, existe una demanda social insatisfecha que es necesario atender, dando prioridad al alivio de la pobreza y a la promoción del empleo, sobre todo en un país como el nuestro que ha tenido un incremento explosivo de su población en los últimos 50 años, y que pasó de 7 millones en 1940 a 27 millones en la actualidad. Se prevé que hacia el año 2015 seremos 31 millones 800 mil peruanos.
Esto significa que tenemos la urgencia de generar para la creciente fuerza laboral nuevos puestos de trabajo, pues de lo contrario, estaríamos preparando el caldo de cultivo para el surgimiento de nuevas formas de violencia, sobre todo entre los más jóvenes, quienes constituyen el contingente más numeroso que se incorpora a la población económicamente activa. Cabe destacar que en la actualidad, de cada diez jóvenes solo cuatro tienen empleo.
Lo cierto es que solo el crecimiento económico alto y sostenido puede impulsar al Perú a salir de la pobreza y lograr que nuestra población alcance el bienestar que merece. Para ello requerimos promover la inversión privada.
En este orden de ideas, en el Congreso de la República se ha constituido la Comisión para el Fomento de las Inversiones, la cual surgió como una iniciativa del Acuerdo Nacional y que está integrada por legisladores de diversas agrupaciones políticas y que me honro en integrar. Con ello, esperamos evitar las iniciativas legislativas que afecten u obstaculicen el desarrollo de las inversiones privadas nacionales y extranjeras, contribuyendo a superar cierta hostilidad a todo lo que significa inversión extranjera o privada, las que muchas veces no tienen sustento económico sino más bien ideológico. Aunque en los últimos tiempos se haya también usado para estos mismos fines, la defensa de la naturaleza, un caso emblemático ha sido la suspensión no solo de las exploraciones geológicas en el cerro Quilish de Cajamarca, sino también de toda la actividad minera de la empresa Yanacocha, aunque esto último de manera temporal.
Nuestra dura realidad social y económica nos exige generar un clima de estabilidad y seguridad jurídica para las inversiones, y el Congreso de la República ha empezado a tomar conciencia. Por ello en la agenda legislativa para el año 2004-2005 se han considerado proyectos de ley como los de la promoción de la inversión privada nacional y extranjera, promoción del turismo, así como modificaciones a las leyes del canon, de regalías mineras y general de minería, e incluso lo concerniente a la reforma judicial (la independencia y predictibilidad de las resoluciones del Poder Judicial son fundamentales para el inversionista).
Tenemos la obligación moral de legar a los peruanos del mañana un país viable y no al borde de la desintegración social. Para ello, la iniciativa privada y las inversiones son poderosas aliadas para salir del círculo vicioso de la pobreza y entrar al círculo virtuoso del desarrollo sostenible.
NATALE AMPRIMO Congresista de la República
Fuente: El Comercio – OPINIÓN
Fecha: Lunes 27 de setiembre de 2004
