En la discusión actual que pretende recortar los beneficios laborales de los trabajadores formales, ya no se sabe cuál es el proyecto que se tiene al frente. Puede ser el de un sector del empresariado textil, el del MEF o el de algún otro sector. También puede ser que se discuta con alguna versión «renovada» del proyecto original que, por ejemplo, ya no plantea lo mismo que antes sobre la disminución del pago de vacaciones, las gratificaciones o la eliminación del CTS.
Pero también existe un problema institucional. Hace dos años que en el Consejo Nacional del Trabajo se ha discutido un proyecto de nueva ley general del Trabajo. Los empresarios tuvieron 8 representantes: 5 de CONFIEP, uno de la Cámara de Comercio de Lima, uno de la SNI, uno de ADEX. También participaron los pequeños empresarios: uno de la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales (APEMIPE) y uno de los Conglomerados de Pequeña Empresa (CPEP). Por los trabajadores estuvieron todas las centrales sindicales.
Este proyecto de ley tuvo consenso en un 66% de los temas discutidos. No lo hubo, por ejemplo, en el monto por indemnización por despido arbitrario. Pero no hubo objeciones respecto a la CTS, las vacaciones o las gratificaciones. Este proyecto de ley está ahora en el Congreso, en la Comisión de Trabajo.
El Acuerdo Nacional, donde están los gremios sindicales y empresariales, los partidos políticos, el gobierno, y la sociedad civil, también lo han discutido. Se acaba de firmar el Pacto de Mediano Plazo por Inversión y Empleo Digno: por los gremios empresariales, firmaron Jaime Cáceres, Confiep, y George Schofield y David Lemor SNI.
El Pacto establece la meta de crecer al 7%, reducir el subempleo al 25%, elevar el ahorro y la inversión al 25% del PBI, la inversión pública a 5% del PBI y la recaudación tributaria al 18% del PBI. El Pacto define el empleo digno como «el trabajo de calidad en condiciones de libertad y equidad, en el cual los derechos son protegidos, cuenta con remuneración adecuada y protección social».
La cuestión es, entonces: las instituciones que representan al empresariado han firmado acuerdos que difieren en 180 grados de los proyectos que proponen el recorte de los derechos laborales. Si esto es así, estaríamos frente a una especie de esquizofrenia empresarial: los representantes gremiales firman pactos con una mano, que empresarios individuales se encargan de borrar con la otra.
Algunos empresarios piensan que la mayoría de estas instituciones no son representativas. Por ejemplo, la Comisión de Trabajo del Congreso no sirve porque está llena de sindicalistas, que solo representan una pequeña porción de la PEA, pero no a los informales, que son la mayoría. Tampoco son representativos los sindicatos, «porque defienden privilegios».
¿Dónde está el respeto a las instituciones?, esencial para construir el país. No solo eso, algunos se irrogan el derecho de representar a los informales (¿por qué, cómo, cuándo les dio alguien esa autoridad?). ¿Así como hay una «vieja clase política», existe también una «vieja» representación gremial del empresariado?
Todas las propuestas merecen ser discutidas porque estamos en democracia, debatiendo sobre los temas claves, que están en el Pacto del Acuerdo Nacional. Hay que aumentar la competitividad de las empresas, promoviendo la capacitación y reduciendo la precariedad laboral para la absorción de nuevas tecnologías. Además, cuestión clave, los aumentos de remuneraciones deben responder a los aumentos de productividad de las empresas. Ultimo, pero no menos importante, hay que evitar los sobre costos que, como medida de recaudación (tipo el IES; no se refiere a costos laborales), gravan la contratación formal. Como se ve, en materia laboral hace rato que ya se descubrió la pólvora.
Fuente: La República – OPINIÓN
Fecha: Jueves 20 de Enero de 2005
