Manuel Iguiñiz, Presidente de foro Educativo
El presidente electo encuentra los viejos problemas básicos de calidad y equidad de la educación; sin embargo, la manera de encararlos debería ser diferente. Estos últimos años se han impulsado iniciativas en educación, en descentralización, así como en la forma de hacer política, como el Acuerdo Nacional (AN).
De allí que proponemos compromisos de continuidad y cambios en ámbitos como los que siguen.
- La actualización del Acuerdo Nacional. Integrando las demandas de la campaña electoral sobre desarrollo con equidad, y ensanchando la institucionalidad que desconoce a los excluidos como sujetos. Ello permitiría una coherencia de enfoque de nuestra política.
- La educación requiere un conjunto de reformas. Por ello insistimos en el AN. El Gobierno ha sido incapaz de hilvanar reformas e ir transitando hacia otro Estado, transparente y profesionalizado. La confluencia de la política social y la económica es indispensable para la educación.
- La aprobación del Proyecto Educativo Nacional (PEN). Ello mostraría la decisión de superar las medidas aisladas, que se neutralizan. La Ley General de Educación, el funcionamiento de la acreditación de instituciones, el plan de Concytec y una nueva ley de educación superior son ayudas para una acción sistémica.
- La elevación de la calidad de la escuela pública. Es parte de la democratización de un país desigual y pluricultural. El desafío que emerge del debate del PEN es recrear una educación que reduzca las desigualdades. Hay que posibilitar que las escuelas públicas reciban directamente recursos del presupuesto. La progresiva “jornada escolar completa” debe priorizar a los alumnos en pobreza en el inicio de la primaria y los dos últimos de secundaria. En el área rural hay que especificar las medidas para que más alumnos culminen la secundaria.
- La promoción integral de la infancia. Efectivizar esta política requiere medidas de reforma del Estado en los ámbitos nacional y regional, local para actuar intersectorialmente con enfoque inclusivo y con participación de las organizaciones privadas.
- Garantizar los aprendizajes esenciales. Una acción vigorosa en la educación básica rural y en pueblos indígenas, seleccionando a los mejores docentes, para apoyar a sus colegas, produciendo material didáctico masivo en comunicación y matemáticas.
- La carrera pública magisterial. Urge la reconstitución de una carrera superando el círculo vicioso de una debilitada profesión docente. El Congreso debe aprobar la ley el segundo semestre y considerar su financiamiento en el Presupuesto Público.
- La educación en la organización social. Es realizada autónomamente por las instituciones: partidos políticos, empresas, con la formación en el trabajo, iglesias, gremios, colegios profesionales, ONG, medios de comunicación. Es necesario promoverlas. Tiene gran valor formativo el aporte de las instancias de participación y concertación en las escuelas en los niveles local, regional y nacional.
- El impulso a la descentralización. La planificación educativa regional se ha iniciado con los proyectos educativos regionales; pero urge dar funciones más claras y recursos a las municipalidades readecuando la legislación.
- La descentralización requiere un liderazgo conjunto del Ministerio de Educación, con las direcciones regionales de educación, los gerentes sociales, el Consejo Nacional de Educación y representantes de municipios. La autonomía escolar sin liderazgo nacional profundiza las desigualdades y produce fractura cultural en lugar de ‘diversidad creativa’.
- El incremento presupuestal. El incremento presupuestal se ha dado sin cambiar la proporción del PBI destinado a educación. Llegar al 6% del PBI supone: reorientar prioridades entre pliegos, mayor tributación y un ‘reperfilamiento’ de la deuda externa.
Fuente: El Comercio – OPINIÓN
Fecha: Miércoles 19 de julio de 2006
