La lucha contra la inequidad y por la erradicación de la pobreza es un imperativo ético que converge con el artículo 1° de la Constitución: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. El fortalecimiento de la democracia y la sostenibilidad del crecimiento económico son condiciones indispensables para la paz social.
La reducción de la pobreza es una de las políticas fundamentales del Acuerdo Nacional, que tiene como primera política específica la promoción de la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo. La mejor política de reducción de la pobreza es aquella que tiene como resultado un incremento sostenible de los ingresos de la población a través de la inversión, el incremento de la productividad y el empleo digno.
La lucha contra la pobreza es tarea de todos los peruanos, no sólo del gobierno. Más allá de los avances en este sentido, es necesario diseñar una estrategia que articule los esfuerzos del gobierno en los niveles nacional, regional y local, los partidos políticos y la sociedad civil, permita enfrentar eficazmente la pluralidad de factores que determinan la situación de pobreza y asegure la disponibilidad de recursos y el uso adecuado de los instrumentos de gestión.
Dada la distribución territorial de la pobreza, uno de los mayores retos es garantizar el acceso a servicios de agua potable, saneamiento, salud, alimentación y educación de calidad, así como infraestructura adecuada, en los lugares más afectados, lo que supone ampliar y fortalecer la presencia del Estado así como superar progresivamente la dispersión poblacional. Particularmente en el caso de la sierra rural, resulta esencial una educación orientada al trabajo y promover la capitalización de la pequeña producción a través de la inversión en transferencia de tecnología, acceso a sistemas de riego permanente y de producción animal, construcción y mantenimiento de caminos y carreteras e implementación de sistemas informáticos, la asociatividad y el impulso al acceso a los mercados en condiciones competitivas en un mundo globalizado.
Los niños constituyen el segmento de la población más afectado por la pobreza, especialmente por la desnutrición crónica, pues ésta vulnera el desarrollo de sus capacidades de manera que puede ser irreversible. Por eso el Acuerdo Nacional ha definido las siguientes prioridades que han dado lugar a Programas Presupuestales Estratégicos en torno a los cuales se ha iniciado una administración presupuestal por resultados:
- registro de identidad,
- controles prenatales,
- parto seguro,
- control de crecimiento y desarrollo para menores de dos años y reforzamiento nutricional,
- capacitación nutricional y sanitaria de las madres,
- inmunizaciones, atenciones de infecciones respiratorias agudas y de enfermedades diarreicas agudas,
- vigilancia de la calidad del agua,
- acceso a centros escolares seguros y con servicios básicos,
- control de asistencia de alumnos y docentes,
- acceso efectivo a materiales educativos y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizajes.
En materia de salud, junto con los Programas Presupuestales Estratégicos, urge consolidar el aseguramiento universal, comenzando con los recién nacidos, y medir sus resultados.
Es necesaria una efectiva política de prevención y atención inmediata de desastres pues éstos significan una gran pérdida de recursos que afecta especialmente a los más pobres.
Urge asegurar la coordinación intergubernamental vía la conformación de una comisión que reúna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Asamblea Nacional de Presidentes de los Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) para la definición de las metas regionales y locales en materia de los programas presupuestales estratégicos y para la coordinación de la acción para el logro de las mismas.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) puede desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la pobreza y proporcionar información al Acuerdo Nacional para el seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas, prestando especial atención a la realidad de los departamentos que viven situaciones más graves de pobreza.
Lima, 4 de julio de 2008.
