Estado y ciudadanía

El Perú está atrapado en una crisis que pone en cuestión su sistema de representación política y el carácter excluyente, para las mayorías, del modelo económico neoliberal imperante. A la base de la crisis hay un viejo divorcio entre Estado y ciudadanía, que profundiza el atraso y pobreza. El Estado resulta lejano y ajeno, ni nos representa, ni garantiza derechos fundamentales, ni nos protege. Ello ilegitima hasta el pago de impuestos, y hace de la evasión y elusión tributaria opciones viables, más allá del interés de algunos grupos económicos en concentrar más y más riqueza. Así, se da una ofensiva ciega contra la caja fiscal: los procesos y denuncias en contra de las regalías mineras, el adelanto del IR, las detracciones del IGV expresan un “sálvese quien pueda” buscando reducir o eludir -como sea- el pago de impuestos.

El Acuerdo Nacional acordó lograr una presión tributaria del 18% del PBI para financiar al Estado. Hoy seguimos en apenas 13.3% del PBI, pero nadie se preocupa por el desfinanciamiento fiscal. No se acuerdan alternativas viables y sensatas para balancear el Presupuesto. ¿Resultados?: L a eliminación del anticipo del IR generó un forado de S/. 800 millones, mal cubierto con el antitécnico Impuesto a los Activos Netos y el recorte de recursos -ya raleados- del Estado, generando serios problemas de financiamiento en áreas claves como programas sociales: la intentona del MEF de reducir fondos al Vaso de L eche la bloquearon las masivas protestas de las madres de familia. ¿Qué otros programas sociales seguirán?

L a falta de compromiso ciudadano con el Estado se explica por su ineficiencia, la poca transparencia, la corruptela y la sumisión a los grupos de poder. Muchos sienten que incrementar recursos al sector público sólo ha servido para inflar planillas, gastos superfluos y darles más privilegios a los más ricos. Así, terminamos a la cola de L atinoamérica y el mundo en gasto público en salud (apenas 1.4% del PBI) y en educación (2.8% del PBI, sin cargas sociales, muy lejos del 6% planteado en el Acuerdo Nacional ). Estas cifras vergonzosas reflejan la crónica falta de recursos públicos y también su deficiente manejo, relegando la vital inversión social y productiva mientras se prioriza el pago de deuda, las planillas doradas o el sostenimiento de las innecesarias prefecturas. Muchos peruanos están marginados de servicios fundamentales, mientras otros padecen los que existen o se ven obligados a enviar a sus hijos a colegios particulares, ir a clínicas privadas y buscar su propia seguridad pues el Estado no proporciona adecuada educación, salud y seguridad ciudadana. ¿Cómo sorprenderse que para muchos el no pagar tributos sea una opción?

Este divorcio Estado-Sociedad no puede seguir. L a dogmática posición de algunos, reducida a “quítame impuestos”, es tan irresponsable como la del toledismo y antecesores que ven al Estado como botín partidario y familiar. Necesitamos un compromiso de las fuerzas políticas y sociales reconociendo la necesidad urgente de aumentar los ingresos fiscales mediante una auténtica reforma tributaria, pero, a su vez, asegurar un manejo legítimo y eficiente del Estado. Aumentar el Presupuesto Público de nada servirá si no se fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y planificación, el control ciudadano, la lucha contra la corrupción, las mafias y burocracias doradas.

Para un Perú desarrollado y próspero necesitamos un Estado fuerte, con más ingresos, pero que use mejor esos ingresos, que gaste más y mejor en salud, educación, defensa ciudadana, servicios básicos, así como en promoción al agro, la industria y el turismo para generar empleo. No será rapiñando impuestos a ciegas ni eludiendo nuestros deberes ciudadanos que lo conseguiremos. ¿La respuesta?: Imponer la Reforma del Estado y la Reforma Tributaria, una junto a la otra, simultáneas e indesligables, de una vez por todas.

(*) pddperu.org

Fuente: La República
Fecha: Miercoles 19 de Enero de 2005

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