Los poderes públicos en el Perú no deberían necesitar de mediadores para hacer prevalecer su recíproca tolerancia.
Es más, sean cuales fueren sus diferencias e inclusive sus conflictos de competencia, no hay nada que constitucional o legalmente les impida dialogar y entenderse.
En las últimas semanas hemos visto a más de una alta autoridad con el ceño fruncido por esto o aquello, desde Francisco Távara en el Poder Judicial hasta Jorge del Castillo en la Presidencia del Consejo de Ministros, pasando por los encuentros urticantes entre el contralor Genaro Matute y la jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción, Carolina Lizárraga, así como entre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Mendoza, y su similar del Tribunal Constitucional, César Landa.
El recelo alcanzó finalmente a la Presidencia del Congreso, donde Luis Gonzales Posada reclamó solo para este organismo el derecho de oír y respaldar la estrategia de la demanda peruana ante La Haya, y excluir al Acuerdo Nacional (AN) de la misma prerrogativa pese a que este había sido ya convocado para mañana jueves.
Távara y Del Castillo no tenían que llegar a tantos y tan gruesos intercambios de palabras por temas administrativo-económicos en el Poder Judicial, que a la postre han demostrado que bien pueden discutirse y definirse fluidamente en las instancias de Economía y Finanzas de la PCM.
Es válido el gesto de Gonzales Posada de reunir un día a Mendoza y a Landa por el tema de la controvertida sentencia del TC a favor de un referéndum sobre la devolución de los aportes al Fonavi y otro día a Lizárraga y a Matute por un pleito por competencias en el que la primera reclama, con todo derecho, trabajar dentro de condiciones legales, administrativas y funcionales que le permitan obtener resultados óptimos de investigación en la lucha contra la corrupción sin que haya interferencias del segundo.
Sin embargo, este gesto mediador y conciliador del titular del Congreso de pronto se esfuma por declaraciones de él mismo que excluyen al AN como foro para tomar conocimiento y respaldar la estrategia que llevará el país ante La Haya. El hecho de que el Congreso sea la instancia legal y constitucional para hacerlo en nada impide que el AN cumpla en esto también el papel que le corresponde.
Una vez más, quienes encabezan los máximos poderes del país tienen que saber y entender que sin tolerancia recíproca terminarán afectando el sistema democrático en el que nos movemos los peruanos y en el que funda el país su razón de ser y hacer.
Fuente: El Comercio
Fecha: Miércoles 9 de enero de 2008
