La acuciosidad con la que el premier Jorge del Castillo y varios ministros tomaban nota mientras el presidente de la República pronunciaba su discurso del 28 de julio permite suponer que no conocían los anuncios que este contenía. De otra forma no se entienden, además, las alambicadas explicaciones ministeriales que están buscando darles forma y contenido a algunas iniciativas, de modo que encuentren cierta racionalidad.
Es lo que está pasando con el Pacto Social: ¿por qué crear este nuevo espacio de negociación? Inicialmente pareció que se trataría de una instancia para resolver diferencias puntuales concernientes a trabajadores y a empresarios. lo que ya de por sí llevaba a preguntarse para qué serviría entonces el Consejo Nacional del Trabajo. Pero, ahora, sin siquiera haberse precisado la agenda de la nueva institución, se anuncia que también está considerada la participación en ella de los presidentes regionales y de los alcaldes.
La imprecisión es tal que el presidente de la región Junín, a nombre de los presidentes regionales, ha planteado que la primera decisión de esta nueva instancia debe ser proponer la supresión de los decretos legislativos sobre seguridad que los implican. El de Huánuco, por su parte, ha propuesto que se incluya el asunto de los cocaleros.
¿Y el Acuerdo Nacional? ¿No es ese el espacio natural para ese tipo de arreglo amplio? ¿O es que el Acuerdo Nacional corresponde a la etapa Valentín Paniagua-Alejandro Toledo y el Pacto Social a la etapa García?
Por lo pronto, el promocionado pacto se puede convertir en un nuevo señuelo mediático para evitar decisiones de fondo, como el aumento del salario mínimo o la vigencia de la negociación colectiva, asuntos en los que el presidente no quiere comprometerse para evitar que lo tilden de populista. Esto, más aún cuando se asegura que el acuerdo sobre el ajuste salarial estaba a punto de ser adoptado en el Consejo Nacional del Trabajo (Perú.21, 31-7-07).
El presidente de la República tiene absoluto derecho a plantear iniciativas; es parte consustancial de su responsabilidad de gobernar. Pero, si existen y funcionan con cierta eficacia instituciones del Estado o mixtas -del Estado con representantes de diversos sectores de la sociedad (como el Acuerdo Nacional)- e, incluso, solo de la sociedad (empresariales, laborales o agropecuarias), ¿por qué no potenciarlas para que se legitimen e impulsar explícitamente las propuestas convenientes para el país?
Pareciera que no se puede gobernar sin debilitar los escasos canales vigentes para encauzar las propuestas y demandas y permitir la negociación, sobre todo en circunstancias de polarización social.
