¿Y el Acuerdo Nacional?

Honremos los espacios de diálogo

Diálogo, concertación, tolerancia, demanda el léxico oficialista cuando estallan los conflictos que se pudieron evitar actuando con racionalidad y honrando con diligencia las propuestas resultantes de espacios de diálogo como el foro del Acuerdo Nacional (AN), las mesas de concertación creadas por el gobierno de transición y las mesas de diálogo que se vienen instalando.

Estos espacios, decisivos para la gobernabilidad democrática, son propios de países que avanzan en sus niveles de civilización buscando ser protagonistas de la plenitud y las ventajas de la modernidad, vista desde la perspectiva del ser humano. En el caso peruano, su formalización se sustenta en normas que, si bien sirven de marco para su instalación, no tienen fuerza para garantizarles el cumplimiento de metas y menos el respeto que merecen por su legitimidad.

Esto genera desazón y desconfianza. La ciudadanía percibe los espacios de diálogo y concertación como inoperantes para el monitoreo y articulación de las políticas y acciones de Estado, así como para la solución de conflictos. Comprensible, pues, pese al esfuerzo de sus miembros, espacios como el AN no están coronando sus objetivos por una evidente falta de voluntad política y convicción para honrar las actas de compromiso institucionales suscritas por la representación del gobierno nacional.

El 22 de julio el foro de AN cumplió siete años. A la “franciscana”, pero significativa conmemoración no asistieron el presidente de la República, ni el presidente del Consejo de Ministros, a quien puede delegarle su conducción, notificándonos de la importancia que les merece el foro, cuando no lo necesitan para maquillar de “concertados” ciertos temas de interés político como el plan anticorrupción.

Al margen del mensaje de la reiterada inasistencia, aunque el 6 de octubre contamos con la presencia del primer ministro, es necesario anotar que el AN, tras reservados debates, produce interesantes recomendaciones de consenso entre los partidos políticos y sociedad civil (con representantes ad honórem) y el gobierno, que forma parte del AN sin que este sea parte del gobierno. De allí su independencia y autonomía.

Estas recomendaciones no son vinculantes, pero podrían tener esa fuerza, en tanto que el compromiso de los suscriptores de respetarlas se honre, con decisión política, buena voluntad y fe en las bondades del diálogo y consenso.

Las 31 políticas de Estado, agrupadas en cuatro objetivos: fortalecimiento de la democracia y Estado de derecho, desarrollo con equidad y justicia social, promoción de la competitividad del país y la afirmación de un estado eficiente, transparente y descentralizado, hacen un marco de referencia en la construcción del Perú al horizonte reto 2021, que debe ponerse en valor, ahora.

Pedro Morales Mansilla
Ex congresista de la República

Fuente: Diario El Comercio – OPINIÓN
Fecha: Sábado 10 de octubre de 2009

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